La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) publicó un informe detallado sobre los protocolos educativos derivados de las leyes LGTBI autonómicas y la ley trans en España. El documento analiza el impacto de estas normativas en el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y en el ejercicio de la patria potestad.
El informe destaca que en al menos 14 comunidades autónomas se implementaron protocolos educativos para atender a menores que se identifican como transgénero. En la mayoría de los casos, estos protocolos permiten que el proceso de transición social de los alumnos se active sin la necesidad de consentimiento de los padres, lo que genera una profunda controversia en torno a los derechos de las familias.
Uno de los aspectos más sensibles del análisis de FEREDE es la posibilidad de que sean los docentes o el propio centro educativo quienes inicien el protocolo sin intervención paterna. En comunidades como Aragón, La Rioja y Navarra, el informe advierte que la negativa de los padres a aceptar la transición de sus hijos puede derivar en la intervención de los servicios sociales, considerando esta oposición como una forma de desprotección o maltrato.
Otro punto que genera inquietud es la falta de criterios médicos o psicológicos previos a la activación del protocolo. Según el informe, en la mayoría de las comunidades autónomas no se exige una evaluación profesional que determine si el menor está en condiciones de tomar una decisión sobre su identidad de género, lo que podría llevar a procesos irreversibles con consecuencias desconocidas en su desarrollo.
"Se observa una tendencia a identificar la transición social con el interés superior del me-
nor, sin considerar las grandes repercusiones que un proceso de estas características
puede tener sobre un menor de edad, asumiendo que la transición social es siempre
positiva y beneficiosa para cualquier menor que presente indicios de disconformidad
con su propio género", señala el informe.
Además el informe afirma que "no se tienen en cuenta ni la edad del menor ni el grado de madurez o juicio para que el propio alumno pueda solicitar el inicio de un proceso de transición social en el ámbito educativo".
FEREDE también subraya que el cambio de nombre y el acceso a instalaciones como baños y vestuarios según la identidad de género autopercibida se contemplan en prácticamente todos los protocolos. Esto, según la organización, podría afectar el derecho a la intimidad de otros estudiantes y generar conflictos dentro de las comunidades educativas.
El informe menciona que varios organismos médicos internacionales han advertido sobre los efectos negativos de los bloqueadores hormonales y otros tratamientos médicos para la transición de menores. Sin embargo, en España, la tendencia es facilitar estos procesos sin mayor análisis, flexibilizando los requisitos para que los menores puedan autodeterminar su género.
Como conclusión, FEREDE solicita una revisión de los protocolos vigentes, enfatizando la necesidad de contar con el consentimiento de los padres y la evaluación de profesionales médicos antes de cualquier intervención. Además, piden que los centros educativos actúen con mayor prudencia y respeto hacia los derechos de las familias en la educación de sus hijos.
Este informe reavivó el debate sobre el papel de la educación en cuestiones de identidad de género y la autonomía de los menores, enfrentando posturas entre quienes defienden la autodeterminación y quienes abogan por un mayor control parental en estos procesos.
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