El Centro Global por los Derechos Humanos (GCHR por sus siglas en inglés) presentó un informe ante el Senado de Paraguay, denunciando que varias ONGs y países externos a la región condicionan la agenda de los organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) para imponer leyes y políticas que impulsan la censura, el aborto y el transexualismo en niños.
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El informe denominado, "Balance del Financiamiento de la CIDH y la Corte IDH. Opacidades e influencias de una financiación condicionada" presenta ejemplos claros de cómo grandes ONG y países externos al continente manipulan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encargada de garantizar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la presentación del informe estuvieron presentes el presidente electo del Senado paraguayo, Basilio Núñez y Natalicio Chase, líder de la bancada del partido Honor Colorado, los senadores Lizarella Valiente, Gustavo Leite, Javier Vera, Antonio Barrios y Nano Galaverna.
Por su parte, María Anne Quiroga, directora de Investigación de GCHR explicó: “si uno de ustedes es acusado de un delito y descubren que quien los denuncia y el juez están financiados por la misma persona… ¿qué harían? Algo muy parecido está pasando con el Sistema Interamericano que juzga a nuestros países”. Quiroga, explicó que, basados en información pública, “se puede afirmar que Open Society Foundation, Ford Foundation y gobiernos como Canadá e incluso externos al Sistema, como España y Suecia, financian al SIDH y condicionan sus agendas y prioridades, especialmente en cuestiones de aborto e ideología de género”.
“El SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos) posee diversas fuentes de financiamiento. Así como en sus orígenes se había previsto que los fondos de los dos principales órganos (CIDH y Corte Interamericana) debían ser otorgados directamente por la OEA con cargo al presupuesto general para evitar conflictos de interés al momento de resolver los casos, también permitía desarrollar una mayor previsibilidad y una mejor proyección organizada de aquellos recursos”, menciona el informe.
“Si uno de ustedes es acusado de un delito y descubren que quien los denuncia y el juez están financiados por la misma persona… ¿qué harían? Algo muy parecido está pasando con el Sistema Interamericano que juzga a nuestros países”.
Sebastián Schuff, presidente de GCHR, señaló que esto pone en serio riesgo las leyes del Paraguay y recordó el caso de Mainumbí: “En 2015 estas ONG muy bien financiadas se aprovecharon del sistema y la CIDH trató de doblegar al Paraguay para legalizar el aborto, pero fracasó”. El informe muestra cómo todas las organizaciones peticionarias del caso Manuela contra El Salvador, que fracasó; de Beatriz contra el Salvador, que aguarda la sentencia y de un posible caso contra República Dominicana, son financiadas por grandes ONG que financian a la vez al SIDH. Esto en varios de nuestros países podría considerarse un grave conflicto de intereses”, afirmó.
Para clarificar aún más la situación hay que mencionar que “el financiamiento del SIDH es mixto, esto significa que está compuesto, por un lado, por la contribución que realiza la OEA, llamado fondo regular, y, por otro lado, de las contribuciones que realizan los Estados miembros del SIDH, países extracontinentales, empresas privadas y ONG. Aquellos son llamados fondos específicos en la CIDH y contribuciones extraordinarias en la Corte IDH”, se aclara.
Según Quiroga, “este tipo de ONGs enuncian para qué quieren que los fondos estén dedicados y es a eso que llamamos un financiamiento condicionado, porque impactan directamente en su agenda”, impulsan temas “del feminismo radical y la ideología de género, como la liberalización del aborto y el transexualismo en la niñez y políticas contra el discurso de odio que amenazan la libertad de expresión de quienes disienten con estas medidas”.
Para Schuff estas iniciativas amenazan los tres poderes del Estado y explicó: “buscan, por ejemplo, convertir al aborto en un derecho humano internacional que va a ser obligatorio para todos los países, inclusive para el Paraguay, porque es firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Para terminar, el presidente del GCHR dijo que la CIDH y la Corte Interamericana, ya son conscientes de estas debilidades del Sistema, y que en lugar de hacer los cambios necesarios para garantizar mayor transparencia, “profundizaron este camino de opacidad al insistir con los fondos condicionados”. Este informe, justamente busca “devolverle el control político a sus legítimos representantes que son el pueblo y los senadores y diputados”.
La Senadora Lizarella Valiente, destacó que el informe viene a confirmar un proyecto de ley presentado para transparentar el financiamiento de las ONG en el país e instó a las autoridades de la OEA “a recuperar la confianza” volviendo a ser “objetivos, ecuánimes e imparciales”.
El Centro Global por los Derechos Humanos (GCHR) es una ONG independiente sin fines de lucro con sede en Washington DC dedicada a defender los derechos humanos fundamentales como la vida, la familia, la libertad y la soberanía de los países, en los organismos internacionales.
Mientras se presentaba el informe se desarrollaba el "Diálogo con la Sociedad Civil” donde embajadores y diplomáticos escucharon a representantes de diferentes coaliciones externar reiteradas quejas por el avasallamiento de los grupos LGTB en las actividades patrocinadas por la OEA.
El responsable de la vocería de la Coalición de Acceso a Justicia y Estado de Derecho, Dr. Juan Pablo Pezzetta, quien había sindicado a la OEA como “un sistema de privilegio que corrompe la Justicia de todo el continente”, para ejemplificar sus palabras aseguró que el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ejerce un “selectivismo judicial” de manera que favorece a un grupo por sobre el resto: “primero la adopción por parte de la CIDH de una resolución sobre priorización de casos”, dijo Pezzetta.
Tal como informó Diario Cristiano se trata de “la priorización de casos por un sesgo ideológico, por un interés político o por una conveniencia económica”.
