En el estado mexicano de Chiapas, más de 200 cristianos fueron desplazados desde julio de 2024 debido a la violencia ejercida por grupos armados, informó la organización Puertas Abiertas. Estas familias, originarias de comunidades indígenas, se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras negarse a colaborar con las facciones criminales que disputaban el control territorial.
Actualmente, muchos de ellos viven en condiciones precarias en un auditorio municipal, sin reconocimiento oficial como refugiados internos y con acceso limitado a servicios básicos.
La situación se agravó cuando, en enero de 2024, los grupos armados comenzaron a reclutar forzosamente a los hombres de la comunidad. Ante la negativa de los cristianos a participar en la violencia, los criminales los consideraron traidores y los expulsaron.
Durante el conflicto, más de 100 personas huyeron, mientras que otras 109 fueron secuestradas y retenidas en una escuela abandonada durante nueve días. La intervención del ejército mexicano y la Guardia Nacional evitó una tragedia mayor, permitiendo la liberación de los rehenes y la huida de los agresores.
Desde entonces, las familias desplazadas enfrentan múltiples desafíos. Además de la pérdida de sus hogares y pertenencias, muchos encontraron dificultades para acceder a un empleo, alimentación y atención médica. Casos como el de Mariana, quien dio a luz a un bebé con problemas cardíacos en medio del desplazamiento, ilustran la gravedad de la crisis humanitaria. La discriminación también es un obstáculo, ya que algunos propietarios de viviendas cobran alquileres más altos al saber que los inquilinos son desplazados.
Organizaciones como Puertas Abiertas brindan asistencia a estas comunidades, proporcionando alimentos, ropa, atención médica y apoyo psicológico, especialmente para los niños que sufren traumas. Sin embargo, la ayuda disponible es insuficiente para cubrir todas las necesidades de los desplazados, quienes continúan viviendo en condiciones de vulnerabilidad y con un futuro incierto.
La situación de los cristianos desplazados en Chiapas refleja una problemática más amplia en México, donde el crimen organizado ejerce control sobre diversas regiones, afectando a comunidades enteras. La falta de reconocimiento oficial y de políticas efectivas para proteger a los desplazados internos agrava la crisis.
