TORREÓN, México — La violencia escolar volvió a sacudir a la sociedad mexicana tras registrarse un ataque premeditado en un centro educativo del norte del país. El pasado 1 de octubre, dos hermanos de 18 años irrumpieron armados en la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión del municipio de Torreón, estado de Coahuila, dejando un saldo de una docente fallecida y cuatro personas heridas.
Los agresores, identificados preliminarmente como los hermanos mellizos Carlos y David —conocidos en la comunidad local como “Los Cuates”— y exalumnos del plantel, ingresaron armados con machetes, navajas y artefactos explosivos de fabricación casera durante un cambio de clase.
El ataque provocó la muerte de la subdirectora de la institución, Nedi Edith Nevárez González, de 56 años, quien intentó contener a los atacantes, además de dejar heridos a dos docentes y dos estudiantes. Ambos agresores fueron sometidos en el lugar por personal de la escuela y padres de familia antes de ser entregados a las fuerzas de seguridad.
Alertas previas y simbología en plataformas digitales
Las pesquisas periciales revelaron que horas antes de perpetrar el asalto, uno de los atacantes difundió en la plataforma TikTok una serie de fotografías que exhibían las armas que emplearían y prendas con alusiones satánicas, entre ellas una sudadera con un pentagrama invertido, calaveras y la figura de un macho cabrío.
Las publicaciones estaban acompañadas por leyendas amenazantes como “Ya me toca a mí” y “Mañana será mi retribución”.
Asimismo, los investigadores identificaron en los mensajes códigos numéricos acompañados de signos como “+6” y “-0”. De acuerdo con especialistas en seguridad cibernética y dinámicas digitales, estas fórmulas aluden al objetivo proyectado por los perpetradores: causar un número determinado de víctimas mortales (+6) buscando salir sin bajas en su propio bando (-0).
Tras los hechos, un cateo pericial realizado en la vivienda de los hermanos reveló inscripciones en las paredes con dibujos afines al ocultismo, consignas de odio y expresiones de profunda desesperanza y nihilismo, entre las que destacaban: “Odio al mundo”, “La vida no tiene valor cuando no eres nadie” y “No me arrepiento de nada”.
Vínculos con comunidades radicales en internet
La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una línea de investigación prioritaria en torno a los dispositivos electrónicos de los atacantes para esclarecer su presunta interacción con comunidades virtuales que rinden culto a tiradores escolares y promueven discursos de odio, entre ellas grupos vinculados al movimiento de los denominados incels (celibatarios involuntarios), caracterizados en foros digitales por la misoginia extrema y la frustración social.
El movimiento incel (celibato involuntario) de acuerdo con la página de Amnistía Internacional es una comunidad en internet que combina frustración sexual, misoginia extrema y discursos de odio hacia las mujeres.
El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, informó en declaraciones para el portal de noticias Aristegui en Vivo que se analiza un presunto cuadro de “pseudofanatismo” y aislamiento que habría derivado en la planeación sistemática del ataque.
Testimonios recabados entre vecinos y familiares describieron a los jóvenes como personas sumamente retraídas y con escasa interacción social. “Eran muy serios, casi no salían a la calle”, relató el abuelo de los imputados a medios locales, reflejando patrones de aislamiento previos que no habían sido canalizados oportunamente.
Proceso judicial y solicitud de pena máxima
El 4 de octubre, un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra los dos hermanos al ser formalmente vinculados a proceso bajo el sistema penal para adultos.
La Fiscalía les formuló cargos por el delito de homicidio calificado con agravantes de ventaja, alevosía y saña en agravio de la subdirectora Nedi Edith Nevárez, así como homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de cuatro personas más.
Las autoridades ministeriales de Coahuila confirmaron que solicitarán la pena máxima permitida por la legislación penal estatal, la cual podría alcanzar hasta 60 años de prisión para cada uno de los implicados.
Autor: Ommar Ayala es un periodista que ha dedicado más de 20 años de su vida a investigar y revelar historias ocultas, analizar contextos complejos y dar voz a quienes no son escuchados, con rigor, ética y pasión por la verdad. En su trayectoria profesional en medios de comunicación ha sido reportero en México del periódico Criterio, la revista Contralínea y Newsweek en español.
Fue coordinador académico de la licenciatura en Radio y Televisión Ministerial por parte de Latin University Theology (LUT) de California y catedrático de periodismo digital en la Universidad Mexicana del Evangelio de Cristo (UMEC). Es fundador y editor del medio de comunicación INFORMA y director de la Alianza de Comunicadores Cristianos de México (ACC MX).
