El Congreso de Guatemala avanza en la aprobación de normas que impactan directamente en el ámbito religioso del país. Por un lado, fue aprobada la llamada Ley de la Biblia, que declara el primer sábado de agosto como Día Nacional de la Biblia. Al mismo tiempo, se discute la iniciativa 6606, que busca simplificar los trámites y otorgar beneficios a iglesias evangélicas y organizaciones sin fines de lucro.
La Ley de la Biblia, aprobada con 117 votos a favor, establece que la fecha será oficializada a nivel nacional y que instituciones y ciudadanos están invitados a realizar actividades culturales, educativas y cívicas para promover el valor de las Escrituras como patrimonio espiritual e histórico.
El decreto entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América. Durante la sesión plenaria, pastores y líderes evangélicos celebraron la medida con aplausos en el hemiciclo del Congreso.
En paralelo, la iniciativa 6606 propone que el Ministerio de Gobernación otorgue personería jurídica a iglesias y asociaciones civiles en un plazo máximo de 15 días, de manera gratuita. También obliga a la Superintendencia de Administración Tributaria a entregar el Número de Identificación Tributaria en no más de 10 días. La normativa contempla además exenciones tributarias sobre diezmos, ofrendas y donaciones, así como la obligación de rendir informes contables solo una vez al año.
Aunque estas disposiciones han sido celebradas por líderes evangélicos, también han provocado críticas. La Ley de la Biblia divide opiniones en distintos sectores, que cuestionan el papel del Estado en la promoción de prácticas religiosas y temen un posible debilitamiento del principio de separación entre Iglesia y Estado.
En el caso de la iniciativa 6606, algunos analistas advierten que podría abrir la puerta a un trato desigual frente a otras organizaciones sociales y culturales que no gozan de beneficios similares.
Ambas propuestas reflejan la creciente influencia de las iglesias evangélicas en la política guatemalteca, fenómeno que se repite en otros países de América Latina. Con estas medidas, se consolida una agenda legislativa marcada por un fuerte respaldo religioso, al tiempo que aumenta el debate público sobre los límites entre la fe y la institucionalidad estatal.
