El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) llamó este viernes a respetar la Constitución y cuestionó una propuesta de regularización de documentos, en un debate que también ha provocado el rechazo de la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece la legisladora que impulsa la iniciativa.
Con motivo del 182 aniversario de la primera Constitución dominicana, el presidente del Codue, pastor Feliciano Lacen Custodio, expresó preocupación por iniciativas que, a juicio de la organización, podrían afectar las reglas sobre nacionalidad y la soberanía del país. La entidad pidió que cualquier modificación en esta materia se examine con transparencia y apego al ordenamiento jurídico.
El cuestionamiento se produce mientras distintos medios reseñan una propuesta de la diputada Maribel Altagracia Almánzar de Ogando para atender a personas que utilizaron documentación dominicana y posteriormente encontraron impedimentos para renovarla por irregularidades en sus registros.
Según la descripción publicada por Diario Libre, la iniciativa permitiría expedir una cédula especial a quienes no logren acreditar jurídicamente la nacionalidad dominicana después de las verificaciones correspondientes. El documento serviría para acreditar identidad y acceder a trámites o servicios que no requieran esa nacionalidad, llevaría la indicación "NO VOTA" y no habilitaría, por sí solo, para obtener o renovar un pasaporte dominicano.
La propuesta también comprende casos de falsedad, duplicidad, inconsistencias y suplantación de identidad. De acuerdo con el mismo medio, una actuación ilícita atribuible al solicitante no supondría su exclusión automática del procedimiento, aunque la regularización no eliminaría las responsabilidades legales correspondientes. Ese alcance constituye uno de los puntos sensibles de la discusión.
La Dirección Ejecutiva del PRM manifestó su oposición y pidió a la diputada desistir de la iniciativa. El vicepresidente ejecutivo de la organización, Deligne Ascención, sostuvo que corresponde a la Junta Central Electoral definir estos procesos y que deben mantenerse controles rigurosos, según informó Precision.
La controversia presenta, además, diferencias sobre la situación legislativa de la pieza. Mientras El Día la identifica como un proyecto depositado con el número 06435-2024-2028-CD, dirigentes del PRM la describen como un anteproyecto sin aval de la organización ni conocimiento previo de su bancada.
El debate tiene como antecedente la Ley 169-14, promulgada en 2014, que estableció un régimen especial para personas nacidas en territorio dominicano inscritas irregularmente en el Registro Civil y sobre naturalización, según recoge la Junta Central Electoral en su historia institucional.
El marco constitucional vigente establece en su artículo 18 quiénes tienen la nacionalidad dominicana y contempla excepciones al reconocimiento por nacimiento en el territorio para hijos de diplomáticos y de extranjeros en tránsito o con residencia irregular. Estas disposiciones forman parte del marco jurídico con el que debe contrastarse cualquier propuesta sobre documentación y nacionalidad.
Aunque el Codue advierte sobre posibles mecanismos de reconocimiento de nacionalidad al margen de la Constitución, las descripciones periodísticas de la iniciativa distinguen entre acreditar la identidad y reconocer la nacionalidad dominicana. La advertencia de la entidad constituye una posición sobre sus posibles efectos, y no una declaración judicial de inconstitucionalidad.
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