Argentina formalizó el jueves 13 de agosto su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa internacional que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y que cada Estado conserva la soberanía para establecer sus propias políticas y leyes sobre esta materia.
La decisión fue comunicada por el gobierno de Javier Milei y contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y de Bethany Kozma, directora de la Oficina de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Según informó EFE, Lamelas señaló que más de 40 países forman parte de la iniciativa.
El canciller argentino Pablo Quirno presentó la incorporación como una oportunidad para que Argentina aporte liderazgo, capacidad diplomática y proyección regional a una agenda basada en la dignidad humana y la soberanía de las naciones. La Cancillería destacó además la protección de la vida humana y de la familia como elementos centrales de la declaración.
Qué implica la adhesión
El Consenso de Ginebra fue presentado en 2020. Entre sus principios establece que todo ser humano tiene un derecho inherente a la vida, que el aborto no debe promoverse como método de planificación familiar y que las decisiones relacionadas con el aborto deben determinarse a nivel nacional o local de acuerdo con los procesos legislativos de cada Estado.
El documento afirma expresamente que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. También reconoce la soberanía de cada nación para implementar programas y políticas de acuerdo con sus propias leyes.
La adhesión, sin embargo, no modifica por sí misma la legislación argentina sobre aborto. La Ley 27.610 continúa vigente y cualquier modificación del marco jurídico nacional requiere los procedimientos establecidos por el ordenamiento argentino.
La definición resulta relevante porque el documento no funciona como una ley internacional que obligue a los Estados a modificar sus legislaciones. Su contenido expresa principios políticos compartidos por los países adherentes y plantea una posición común en debates internacionales sobre vida, familia, salud y soberanía.
Cuatro voces sobre el alcance del Consenso
El politólogo Marcelo Díaz explicó a Diario Cristiano Internacional que la decisión "no modifica la legislación", sino que constituye una muestra de adhesión a los temas que propone el Consenso de Ginebra. En su interpretación, representa "una especie de ponerse la camiseta de Estado provida".
En la misma línea, la pastora Martha Rogín de Rodríguez, referente de JUCUM y Mujeres de Fe y con trayectoria en el movimiento provida argentino, señaló en diálogo puntual con Diario Cristiano que el Consenso de Ginebra "es un documento firmado por algunos Estados, precisamente en Ginebra, Suiza, donde se sientan las bases para la defensa de los valores que nosotros defendemos".
Rodríguez recordó que Argentina no se había adherido anteriormente y destacó que ahora lo hizo. "Es una declaración de principios, pero no es vinculante", afirmó.
La Dra. Carlota López, abogada y coordinadora de Abogados de ACIERA, también destacó este aspecto en declaraciones a Diario Cristiano Internacional. Según su análisis, el Consenso de Ginebra es una "Declaración de Principios en favor de la Vida y la Familia" y "no tiene carácter vinculante ni crea obligaciones jurídicas" para los Estados adherentes.
López señaló además que la declaración expresa un posicionamiento frente a cuestiones como "el aborto, los derechos del niño por nacer, la protección de la mujer y de la familia" y que también plantea una defensa de la soberanía nacional.
Para Miriam Donati Brusco, abogada y referente de Mujeres por la Nación, el componente de soberanía constituye uno de los aspectos centrales de la adhesión. Consultada puntualmente por Diario Cristiano Internacional, explicó que el Consenso "plantea el tema de la soberanía de cada país para decidir sus políticas públicas" y sostiene que "no existe un derecho al aborto".
Donati también fue consultada por Diario Cristiano Internacional sobre si la adhesión puede ayudar en la práctica a la lucha contra el aborto. Su respuesta fue más cautelosa: "Es más una postura de política internacional". A su entender, el documento puede servir como fundamento y argumento si en el futuro se abre una discusión sobre la legislación vigente y una eventual derogación de la ley.
La respuesta de Donati marca una diferencia importante entre el efecto inmediato de la adhesión y su eventual utilidad política. El Consenso no modifica la legislación argentina, pero sus principios pueden ser utilizados como argumento dentro de futuros debates nacionales sobre aborto, soberanía y políticas públicas.
La declaración internacional también pone el foco en la familia. El texto sostiene que la familia es la unidad natural y fundamental de la sociedad y que la maternidad y la infancia merecen especial cuidado y asistencia. También plantea la necesidad de mejorar la salud y el bienestar de mujeres y niñas.
En este contexto, la adhesión argentina se produce mientras continúa vigente la Ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso, el alcance inmediato de la decisión es principalmente diplomático y político.
Una señal política que reabre el debate
Para Ana Valoy, licenciada en Ciencias Políticas, la adhesión puede tener una dimensión que excede la política exterior. En su análisis en su columna en este medio, sostiene que "Argentina vuelve a decir en el escenario internacional que tiene derecho a decidir soberanamente cuál es su postura política respecto de la vida y la maternidad".
Valoy considera que una decisión de este tipo puede modificar el rumbo de una discusión aun cuando no cambie una ley de manera inmediata. "Una ley puede cerrar una votación parlamentaria sin cerrar una discusión social", plantea.
La autora también utiliza una imagen para describir el momento político que, a su juicio, abre la adhesión. "Quizás el semáforo no esté todavía en verde. Pero volvió a ponerse en amarillo", afirma. Para Valoy, ese amarillo representa atención y debate sobre una cuestión que algunos consideraron definitivamente cerrada.
El Consenso de Ginebra sostiene además que las políticas relacionadas con el aborto deben ser determinadas por cada Estado mediante sus propios procesos legislativos. El texto reafirma que no existe una obligación internacional de los Estados de financiar o facilitar el aborto y vincula esta posición con la soberanía nacional.
Ese punto permite entender por qué la adhesión genera interés entre referentes argentinos vinculados con la defensa de la vida. Para Díaz, se trata de una forma de expresar una identidad política. Para Rodríguez y López, el valor principal está en su carácter de declaración de principios. Para Donati, puede convertirse en una herramienta argumentativa si en algún momento se reabre el debate legislativo.
La decisión del Gobierno de Milei, por lo tanto, no representa la derogación de la Ley 27.610 ni una modificación inmediata del régimen argentino sobre aborto. Sí incorpora a Argentina a una declaración internacional que sostiene la protección de la vida humana, la familia y la soberanía nacional y que afirma que el aborto no constituye un derecho reconocido por el derecho internacional.
El efecto de la adhesión se verá ahora en el terreno político y diplomático. Mientras la legislación nacional permanece vigente, Argentina pasa a formar parte de un espacio internacional que plantea una posición definida sobre la vida, la familia y el derecho de cada Estado a establecer sus propias políticas.
Para los referentes consultados por Diario Cristiano Internacional, esa diferencia resulta fundamental: el Consenso de Ginebra no cambia hoy la ley argentina, pero sí modifica el lugar desde el cual el Gobierno argentino participa en el debate internacional sobre aborto, vida y familia.
Autora: Lizzie Sotola es corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como profesional. Tiene una vasta experiencia en medios de comunicación, organizaciones educativas y religiosas como también editoriales cristianas. Ha trabajado para Editorial Vida, Sociedad Bíblica Internacional, Alianza Evangélica Latina y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). Además ejerce como periodista freelance para los festivales de la Asociación Luis Palau en Iberoamérica y dirige una agencia de difusión llamada Noti-Prensa.
