La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que exige al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo poner fin a las represalias y garantizar los derechos humanos en Nicaragua. Según Infobae, el texto fue adoptado por unanimidad tras negociaciones entre las delegaciones.
Entre sus demandas figuran restablecer la libertad religiosa, liberar incondicionalmente a los presos políticos y esclarecer el paradero de las personas desaparecidas. También reclama devolver la nacionalidad a quienes fueron privados arbitrariamente de ella y permitir el regreso voluntario y seguro de los exiliados, incluidos líderes religiosos, clérigos y laicos.
El documento pide, además, recursos efectivos frente a las confiscaciones de propiedades, incluidas las de instituciones religiosas, con prioridad para la restitución o, cuando esta no sea posible, una compensación adecuada, de acuerdo con el texto reproducido por Infobae.
La decisión se produjo durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, convocada en Washington para examinar la situación nicaragüense. La OEA había considerado los acontecimientos recientes en el país como un asunto urgente y de interés común para los Estados americanos.
Alertas sobre la persecución religiosa
El reclamo de libertad religiosa coincide con las advertencias de la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional (USCIRF). En una actualización publicada el 5 de mayo de 2026, el organismo señaló que las iglesias católicas y protestantes continuaban enfrentando restricciones severas.
Según esa comisión, las autoridades han utilizado detenciones arbitrarias, cierres de organizaciones y represión transnacional para intimidar y reprimir a personas religiosas. El informe también advirtió sobre la presión contra nicaragüenses en el exilio, entre ellos clérigos y laicos expulsados del país.
Los señalamientos incluyen antecedentes relacionados con comunidades evangélicas. En junio de 2024, expertos de Naciones Unidas remitieron al Estado una comunicación sobre denuncias de restricciones a la libertad de religión, en la que abordaron la detención de 11 integrantes de la organización Puerta de la Montaña, la cancelación de la personalidad jurídica de entidades vinculadas con la Iglesia evangélica y la confiscación de bienes.
Derechos humanos y garantías democráticas
En vísperas de la reunión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU instaron a los cancilleres a situar los derechos humanos, la democracia y la rendición de cuentas en el centro de sus deliberaciones.
En su comunicado conjunto del 1 de octubre, ambos organismos afirmaron que continúan documentando un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones desde el inicio de la crisis en abril de 2018. Mencionaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, confiscaciones y privación arbitraria de la nacionalidad.
También expresaron preocupación por las personas detenidas cuyo paradero se desconoce y por los riesgos para la vida y la integridad de quienes permanecen bajo custodia estatal.
La resolución suma un nuevo pronunciamiento internacional a las denuncias sobre Nicaragua. Para las comunidades cristianas afectadas, sus demandas abarcan garantías concretas: ejercer la fe libremente, recuperar bienes confiscados y regresar del exilio sin temor a represalias.
Autora: Lizzie Sotola es corresponsal en Latinoamérica para Diario Cristiano Internacional. Es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como profesional.
Tiene una vasta experiencia en medios de comunicación, organizaciones educativas y religiosas como también editoriales cristianas. Ha trabajado para Editorial Vida, Sociedad Bíblica Internacional, Alianza Evangélica Latina y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA).
Además ejerce como periodista freelance para los festivales de la Asociación Luis Palau en Iberoamérica y dirige una agencia de difusión llamada Noti-Prensa.
