El gobierno argentino anunció la prohibición de tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo para menores de 18 años. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la medida en conferencia de prensa, explicando que las terapias de feminización o masculinización dejarán de estar disponibles en el sistema de salud pública y solo podrán realizarse en entidades privadas que cuenten con los insumos y el personal necesario.
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“El Gobierno decidió modificar la Ley de Identidad de Género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación en menores de 18 años”, declaró Adorni. Además, argumentó que “estas intervenciones a las que se expone a los niños representan un grave riesgo para su salud física y mental, ya que implican una interrupción en su proceso de maduración”.
La medida generó reacciones divididas. Colectivos LGBT y sectores progresistas expresaron su preocupación, denunciando que el gobierno de Javier Milei está vulnerando derechos adquiridos. Diversas organizaciones transgénero anunciaron que presentarán amparos colectivos ante la Justicia, sosteniendo que el decreto no puede modificar una ley aprobada por el Congreso. También advirtieron que la medida contradice el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que establece la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, permitiéndoles acceder a tratamientos médicos a partir de los 16 años.
Por otro lado, sectores provida y organizaciones médicas apoyaron la decisión. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) celebró la medida mediante un comunicado, asegurando que venían “advirtiendo con mucha preocupación” sobre los “daños irreversibles” que estos tratamientos pueden causar en menores de edad.
Asimismo, señalaron que muchos padres de “hijos con disforia de género” han denunciado públicamente “la problemática de la que son víctimas, poniendo de manifiesto el desconocimiento médico de los efectos a largo plazo en la salud psíquica y física de sus hijos menores”.
En el comunicado, ACIERA destacó que “la cuestión de la afectación de la integridad física, sexual, psíquica y moral de los niños y adolescentes es una constante preocupación de esta Alianza y de miles de iglesias e instituciones que de ella forman parte”. Además, afirmaron que su postura se basa “en el respeto absoluto al interés superior del niño, tal como lo marcan las Sagradas Escrituras y lo establecen nuestras leyes”.
Finalmente, recalcaron la importancia de “tomar todas las medidas terapéuticas necesarias para contener y acompañar a los niños y adolescentes que estén atravesando situaciones de conflicto con su identidad sexual, con el amor y el respeto que merecen, apoyando a las familias con cuidado y compasión”.
