La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) emitió una declaración pública en la que fijó su postura frente al debate legislativo por el nuevo Régimen Penal Juvenil, actualmente en tratamiento en el Congreso nacional. La entidad sostuvo que resulta necesario actualizar la normativa vigente y adecuarla a la realidad social, pero advirtió que cualquier reforma debe contemplar la prevención, la reinserción y el acompañamiento integral de los adolescentes.
En el comunicado difundido este 13 de febrero, ACIERA planteó que la legislación vigente “ha quedado obsoleta” y que la discusión debe incluir la revisión de la edad de imputabilidad, en sintonía con estándares internacionales y la situación regional. Al mismo tiempo, expresó solidaridad con las víctimas de delitos cometidos por menores y remarcó que la sanción penal por sí sola no resolverá el problema si no se acompaña de políticas sociales, educativas y familiares orientadas a la reintegración.
La organización también reclamó que los adolescentes en conflicto con la ley no sean derivados a cárceles comunes, sino a instituciones específicas con equipos interdisciplinarios y recursos adecuados. En esa línea, pidió presupuesto estatal para infraestructura, profesionales y programas de acompañamiento, incluyendo la dimensión espiritual en los procesos de recuperación.
Además, subrayó la necesidad de abordar factores estructurales como la “orfandad social”, el consumo precoz de sustancias y la pérdida de referentes familiares. Propuso impulsar un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y fortalecer la educación preventiva en las escuelas. Desde la perspectiva pastoral, reafirmó el rol de las iglesias en el trabajo con familias y jóvenes, y llamó a una articulación obligatoria entre justicia, escuela y familia.
Contexto legislativo y social
El pronunciamiento de ACIERA se produce en medio de un debate parlamentario intenso. La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un sistema de sanciones diferenciado para adolescentes. La iniciativa deberá ser tratada por el Senado para su aprobación definitiva.
El proyecto impulsado por el oficialismo busca reemplazar el régimen vigente desde 1980, incorporar medidas socioeducativas y alternativas a la prisión, y garantizar que los menores no sean alojados junto a adultos en contextos de encierro.
La reforma se inserta en un debate más amplio sobre seguridad y niñez. Distintos sectores sostienen que la edad de 14 años se alinea con parámetros regionales e internacionales, mientras que organizaciones de derechos humanos y especialistas advierten sobre el riesgo de criminalizar la adolescencia y reclaman políticas preventivas y sociales más profundas.
En los últimos días, el Congreso avanzó con la media sanción de la iniciativa, respaldada por una mayoría parlamentaria y con un fuerte impacto político y social. La discusión gira en torno a la eficacia de la baja de imputabilidad, el tipo de sanciones aplicables y el rol del Estado en la prevención del delito juvenil.
En ese escenario, el posicionamiento de ACIERA se suma al de otros actores sociales y religiosos que buscan incidir en el debate, poniendo el acento en la reinserción, la contención familiar y el abordaje integral del problema más allá de la respuesta penal.
