Los derechos de los padres están bajo ataque en Brasil.
Se calcula que los padres de más de 70.000 niños en Brasil han optado por educar a sus hijos en casa, un derecho protegido y consagrado en el derecho internacional. Pero aunque la decisión de educar o no a los niños en casa debería corresponder a sus padres, en Brasil ya no es así.
Hasta ahora, hemos visto a padres como Regiane Cichelero ser procesados, multados y amenazados con la retirada de la custodia por el simple hecho de elegir educar a sus hijos en casa. Como si la situación no fuera ya lo suficientemente sombría, ahora hay planes educativos que erradicarían por completo la posibilidad de que los padres eduquen a sus hijos en casa.
El Plan Nacional de Educación (PNE) es un documento elaborado en la Conferencia Nacional de Educación, con base en las aportaciones hechas en las conferencias de educación realizadas en los estados y municipios, que establece directrices y metas para la educación nacional en los 10 años siguientes a su aprobación. El PNE tiene fuerza de ley desde el momento en que es aprobado por el Congreso, aunque éste tiene la facultad de modificar lo aprobado en las conferencias.
En teoría, la importancia del Plan sería establecer metas para mejorar la calidad de la educación en Brasil. Sin embargo, lo que ocurre es que las discusiones en las conferencias están amañadas para incluir verborrea ideológica y agendas corporativistas. A esto se añade la falta de responsabilidad de los actores educativos en caso de incumplimiento de los objetivos. Al final, el documento no tiene ninguna importancia significativa en la construcción de políticas educativas centradas en la mejora y la libertad de enseñanza, a pesar de ser citado como la directriz para la educación y la herramienta para frenar las políticas educativas en los estados y municipios que pretendan adoptar cualquier propuesta contraria a las determinaciones del Plan.
Entre los ejemplos preocupantes de agendas traídas en el documento base del PNE están el ataque al homeschooling (educación en casa), a las escuelas militares, al agronegocio y a la enseñanza privada y confesional. Además de estos puntos, que van en contra de los intereses de una parte significativa de la población y atentan contra el principio constitucional de la pluralidad de concepciones pedagógicas, el documento adelanta directrices identitarias que no están vinculadas a ningún avance en la calidad de la formación intelectual de los niños. El término "LGBTQIAPN+" aparece con más frecuencia que "Lengua Portuguesa" y "Matemáticas" en el texto, lo que dice mucho sobre las prioridades del actual gobierno en materia de educación.
La consecuencia de esto para la educación brasileña, que ya es de muy mala calidad, es la creación de jóvenes militantes, dentro de una cultura de revuelta y resentimiento, en lugar de preparar a los jóvenes para ser mínimamente funcionales para el mercado de trabajo, con pleno dominio de su lengua y de las matemáticas. Además, a una década de vigencia del nuevo PNE, es enorme el riesgo de perpetuar prácticas que ya están ocurriendo, como la ideologización de la enseñanza y la asignación de recursos a los gastos de personal, ignorando las inversiones en infraestructura e innovación educativa.
Para la educación en casa, la situación será aún más grave si el documento se aprueba sin cambios. El texto es muy claro al decir que este tipo de educación debe ser extirpada de la sociedad brasileña. El escenario actual para las familias que optan por la educación en casa en Brasil es actualmente nebuloso, y las familias viven en un limbo legal. Aunque reconocida en tratados internacionales de los que el país es signatario, éstos son absolutamente ignorados por el poder judicial brasileño y rechazados por los burócratas que gobiernan la educación en el país. Las familias han sufrido persecuciones y amenazas por parte de las autoridades públicas y un plan nacional que condene la práctica del homeschooling podría intensificar estas acciones.
Si el documento es aprobado, habrá aún más persecución y menos espacio para la discusión del tema, lo que perjudicaría a las decenas de miles de familias que actualmente educan a sus hijos de esta manera. Por eso, la sociedad se está movilizando para revocar este documento, que no es fruto de la voluntad de la mayoría de la población brasileña, sino de una élite burocrática y sindical que quiere que la educación sirva sólo a sus propios intereses.
Además, todo el proceso de elaboración de la propuesta del Plan está viciado y debería ser anulado y rehecho en su totalidad. El documento básico presentado para su discusión no cumplía los requisitos constitucionales, y las discusiones se llevaron a cabo de forma precipitada, con el claro objetivo de hacer inviable el debate, que, al final, se redujo a una reunión de personas que tienen la misma visión del mundo y quieren imponerla al resto de la sociedad. Por todas estas razones, los movimientos profamilia se están organizando en todo Brasil para ilustrar a los diputados y senadores sobre la urgencia y la importancia de rechazar el Plan Nacional de Educación propuesto en su totalidad.
Espero que se unan a mí para orar y encontrar formas de apoyar los derechos de los padres en Brasil. El gobierno no debe imponer planes educativos ideológicamente motivados, sino respetar los derechos de los padres en la educación de sus hijos. Todos los padres tienen el derecho y la obligación, otorgados por Dios, de tomar decisiones que proporcionen los mejores resultados para sus hijos, y ningún padre debe ser castigado o procesado por elegir lo que es mejor para su hijo.
Publicado originalmente en Christian Daily International
Julio Pohl es asesor jurídico para América Latina y el Caribe de ADF International. Además de supervisar y participar en la región de América Latina y en la Organización de Estados Americanos, también asiste a abogados aliados en litigios para proteger el derecho a la vida, la libertad religiosa y la familia.
Alexandre Magno Fernandes Moreira. Padre de dos niñas y un niño. Abogado, profesor y mentor sobre educación en casa, patria potestad y Derecho de la Educación. Director General de la Red Nacional Brasileña de Profesionales a favor de la Familia. Ex secretario nacional de Derechos Humanos de Brasil. Actualmente es investigador en la KU Leuven (Bélgica).
