El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la situación de los derechos humanos en Corea del Norte se ha deteriorado en muchos aspectos durante la última década y pidió que los responsables de las violaciones de derechos humanos sean investigados y castigados.
En un nuevo informe, pidió que se desmantelen los campos de prisión política y que se ponga fin al trabajo forzoso. Asimismo, expresó su preocupación por la vigilancia de los residentes mediante tecnología avanzada y por las restricciones en el acceso a los alimentos.
El informe, titulado "Situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea", fue publicado el 1 de octubre, según informó la agencia de noticias Voice of America (VOA) Korea. El documento abarca los acontecimientos ocurridos en Corea del Norte desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, y fue presentado ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
La Asamblea General adopta una resolución sobre los derechos humanos en Corea del Norte al final de cada año, en la que condena las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en el país norteño y exige rendición de cuentas. Se espera que este año se vuelva a adoptar una resolución.
Guterres señaló que las autoridades norcoreanas deben investigar y procesar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y llevarlos ante la justicia de conformidad con el derecho internacional, incluido el derecho internacional de los derechos humanos. Indicó que la rendición de cuentas también debe abarcar aquellos actos que puedan constituir crímenes internacionales.
Asimismo, afirmó que las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad. Instó a las autoridades a "garantizar que las víctimas y sus familias puedan conocer la verdad sobre los crímenes y las violaciones de derechos humanos que se han cometido".
13 recomendaciones, incluido el cierre de campos de prisión política y el fin del trabajo forzoso
El informe establece 13 recomendaciones para las autoridades norcoreanas, entre las que figura el castigo a los perpetradores. Entre ellas se incluyen demandas para desmantelar todos los campos de prisión política y dejar de arrestar arbitrariamente a los residentes por sus opiniones políticas o antecedentes familiares, un sistema conocido como songbun.
El informe también recomendó una moratoria sobre las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte lo antes posible, así como el cese inmediato de la tortura y los malos tratos.
Citando a las "brigadas de choque juveniles" movilizadas para trabajar en minas de carbón y en obras de construcción, así como el envío de trabajadores al extranjero, el informe señaló que deben terminar todas las formas de trabajo forzoso prohibidas por el derecho internacional.
Las recomendaciones también incluyen permitir que las familias separadas se pongan en contacto entre sí por teléfono, videollamada y carta. El informe instó a las autoridades a confirmar de inmediato el destino y el paradero de los secuestrados y de las víctimas de desaparición forzada, así como a repatriar sus restos.
Al evaluar la situación de los derechos humanos, el documento citó un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado en septiembre de 2025. Dicho informe examinó los 10 años transcurridos desde el documento presentado en 2014 por la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea. En él se concluyó que, "a pesar de algunas mejoras sumamente limitadas, la situación general de los derechos humanos se ha deteriorado en muchos aspectos durante los últimos 10 años".
Ampliación de la vigilancia con IA y reconocimiento facial; critican prioridades militaristas
El informe identificó un endurecimiento de los controles legales e institucionales, así como el uso de tecnología de vigilancia avanzada, como motivos de gran preocupación. Señaló que la proliferación de tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial, podría aumentar la capacidad del Estado para vigilar y supervisar, lo que tendría un grave impacto sobre los derechos humanos de los residentes.
Según el documento, las autoridades norcoreanas están instalando cámaras de vigilancia de alto rendimiento con capacidades de reconocimiento facial en diversos lugares, incluidos los centros de trabajo. También se hicieron eco de informes sobre el seguimiento exhaustivo del uso de teléfonos móviles, incluso mediante capturas de pantalla periódicas, y expresaron su preocupación por posibles violaciones de la privacidad.
El informe criticó la asignación de recursos a los programas de defensa y nucleares. Señaló que, en el Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea celebrado en febrero, Corea del Norte designó formalmente a Corea del Sur como un "estado hostil" y su "enemigo principal e inmutable", y reafirmó la prioridad de sus programas de defensa y nucleares.
Con los recursos del Estado concentrados en el sector militar, advierte el informe, los derechos de los residentes a las necesidades básicas —incluidas la salud, la alimentación y la educación— están siendo gravemente vulnerados.
En cuanto a la alimentación, el informe diferenció entre la cantidad que se produce y la que los residentes pueden obtener de manera efectiva. Citando datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indicó que las condiciones climáticas favorables del año pasado propiciaron buenas cosechas de los principales cereales, pero la escasez de alimentos persistió.
El informe atribuyó este fenómeno a la fuerte caída del valor del won norcoreano, la disparada de los precios de los alimentos y los estrictos controles sobre la actividad económica privada. Señaló que el control absoluto del Estado sobre la distribución de alimentos también limita el acceso práctico de los ciudadanos comunes a la comida.
Trata de mujeres norcoreanas; llamado a respetar el principio de no devolución (non-refoulement)
El informe indicó que, desde el cierre de fronteras de Corea del Norte en 2020, unos 200 desertores norcoreanos al año han ingresado en Corea del Sur, lo que equivale aproximadamente al 20% de los niveles previos a la COVID-19.
De los 170 desertores que llegaron a Corea del Sur entre julio de 2025 y marzo de 2026, 151 eran mujeres que habían sido víctimas de trata de personas o matrimonios forzados en China, según el informe.
Asimismo, señaló que los desertores arrestados en China u otros países de tránsito y devueltos a la fuerza a Corea del Norte se enfrentan a un alto riesgo de sufrir torturas y detenciones arbitrarias. Por ello, instó a todos los Estados miembros de la ONU a cumplir estrictamente con el principio de no devolución (non-refoulement).
Información original de Christian Daily Korea.
Artículo publicado originalmente en Christian Daily International, versión en inglés de Diario Cristiano Internacional.
