La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) manifestó su rechazo al Memorando No. 02-2026 emitido por el Poder Judicial, una disposición administrativa que instruye a jueces, magistrados y personal de la jurisdicción penal a registrar la identidad de género autopercibida y el nombre social de las personas que participan en procesos judiciales, según un comunicado difundido por la organización religiosa.
A través de un pronunciamiento público, la CEH sostuvo que la medida excede las facultades administrativas del Poder Judicial y argumentó que cualquier modificación relacionada con el reconocimiento legal de la identidad de género debe ser discutida y aprobada por el Congreso Nacional. La organización citó diversos artículos de la Constitución de la República para respaldar su posición y solicitó a la Corte Suprema de Justicia dejar sin efecto la disposición.
La controversia se centra en una pregunta jurídica fundamental, si el Poder Judicial puede emitir lineamientos internos para reconocer la identidad de género de una persona dentro de los procesos judiciales sin que exista una ley específica aprobada por el Poder Legislativo.
Según la Confraternidad Evangélica, el memorando representa una extralimitación de funciones y plantea criterios que, a su juicio, corresponden al ámbito legislativo. En su comunicado, la organización también expresó preocupación por las implicaciones que la medida podría tener sobre la interpretación jurídica de la identidad personal y la estructura normativa vigente.
Sin embargo, otros sectores han sostenido una interpretación distinta. Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos homsexuales han señalado que este tipo de medidas no modifican el estado civil, el sexo registral ni la identidad legal de las personas, sino que buscan garantizar un trato respetuoso y libre de discriminación dentro de las actuaciones judiciales.
Un vacío legal en el centro del debate
La discusión ocurre en un contexto en el que Honduras no cuenta con una Ley de Identidad de Género. A diferencia de otros países de la región, la legislación hondureña no contempla actualmente un procedimiento específico para que una persona pueda modificar oficialmente el sexo o género consignado en sus documentos de identidad.
Precisamente por la ausencia de una normativa específica, la interpretación de los alcances del Memorando No. 02-2026 se ha convertido en uno de los principales puntos de conflicto. Para sus críticos, la medida intenta llenar por vía administrativa un vacío que únicamente puede ser resuelto mediante legislación aprobada por el Congreso Nacional. Para sus defensores, se trata de una herramienta interna orientada a garantizar el acceso a la justicia de grupos históricamente vulnerables.
Reacciones de distintos sectores
El rechazo de la Confraternidad Evangélica se suma a pronunciamientos emitidos por organizaciones de familia, líderes religiosos y diversos actores políticos que han cuestionado la iniciativa. Entre los argumentos más frecuentes se encuentra la preocupación de que el reconocimiento de la identidad de género autopercibida pueda sentar precedentes para futuras reformas relacionadas con el reconocimiento legal de las personas transgénero.
Por su parte, colectivos de diversidad sexual han respondido que la medida no crea nuevos derechos ni modifica la legislación vigente, sino que busca prevenir situaciones de discriminación dentro del sistema judicial y asegurar que todas las personas reciban un trato digno durante los procesos legales.
A la espera de una decisión institucional
La polémica ha colocado nuevamente en el debate público temas relacionados con identidad de género, derechos humanos, competencias constitucionales y separación de poderes.
El desarrollo de esta controversia podría tener implicaciones importantes para futuras discusiones sobre el alcance de las facultades administrativas del Poder Judicial y sobre la forma en que el Estado hondureño aborda asuntos vinculados con identidad de género y protección de derechos fundamentales.
Por el momento, distintos sectores continúan expresando sus posiciones mientras se espera una definición institucional que permita esclarecer el alcance jurídico de la medida y sus efectos dentro del sistema de justicia hondureño.
