Un niño escapó de la fundación “Restaurando Vida, Un Muerto que Revive”, en Bajos de Haina, República Dominicana, y acudió a un destacamento policial para denunciar presuntos maltratos. Su testimonio dio origen a una investigación y a los allanamientos realizados entre el 29 y el 30 de agosto, durante los cuales las autoridades rescataron a 13 niños, niñas y adolescentes, según la información del Ministerio Público recogida por Acento.
La institución, dirigida por Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor”, funcionaba como un espacio de acogida. Según su defensa, recibía tanto a menores como a adultos mayores, y los niños llegaban con autorización de sus familiares. El Ministerio Público investiga presuntos hechos de maltrato físico y psicológico y trata de personas con fines de explotación laboral. La defensa ha rechazado los señalamientos, tal como indicó un reporte de Diario Libre.
En ese contexto, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Feliciano Lacen Custodio, pidió proteger los derechos de los menores y garantizar el debido proceso para las personas investigadas.
Investigación rigurosa y preocupación por la presión mediática
En una declaración en video difundida por El Nuevo Diario, Lacen solicitó al Ministerio Público y a los organismos responsables que investiguen con rapidez y seriedad para esclarecer lo ocurrido.
El dirigente reafirmó el compromiso de la comunidad evangélica con la protección de niños, niñas y adolescentes. A la vez, expresó preocupación por que los rumores o la presión mediática puedan conducir a un error contra Capellán, y reclamó respeto a sus derechos y a las garantías procesales.
Según la nota publicada por El Nuevo Diario, Lacen también pidió que las pruebas sean valoradas conforme a la ley y que las madres de los menores tengan oportunidad de ofrecer sus testimonios ante las autoridades.
La publicación recoge, además, su llamado a las instituciones que trabajan con la niñez a cumplir las disposiciones de los organismos competentes y fortalecer sus protocolos de protección, supervisión y capacitación del personal.
Prisión preventiva y anuncio de apelación
La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso a Capellán tres meses de prisión preventiva, que deberá cumplir en Najayo Hombres.
Al otro imputado, Isaías Muñoz, el tribunal le impuso una garantía económica de 20.000 pesos dominicanos (alrededor de 340 dólares americanos), presentación periódica e impedimento de salida del país. El abogado de Capellán, Manuel Soto Lara, anunció que apelará la decisión. El proceso continúa y la prisión preventiva no constituye una sentencia condenatoria.
En declaraciones anteriores, Lacen había aclarado que Capellán no pertenece a CODUE y había solicitado investigar las acusaciones a fondo. También cuestionó la falta de controles sobre instituciones que atienden a personas vulnerables y reclamó mayor supervisión estatal y responsabilidad dentro del sector evangélico.
