Perú vive un nuevo cambio de mando tras la vacancia de Dina Boluarte

Dina Boluarte
El Congreso del Perú aprobó la vacancia de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” y designó al presidente del Legislativo, José Jerí, como nuevo jefe de Estado. La medida, respaldada por 122 votos, abre un complejo escenario legal y político marcado por la crisis de seguridad y la exigencia ciudadana de resultados concretos. Foto: Ministerio de Defensa del Perú

En una votación que marcó un nuevo capítulo en la inestabilidad política del Perú, el Congreso aprobó en la madrugada la vacancia de la presidente Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”. Con 122 votos a favor, el Parlamento dio por terminado su mandato y, conforme a la línea de sucesión constitucional, el presidente del Congreso, José Enrique Jerí Oré, juró como nuevo jefe de Estado, según informó el Congreso de la República del Perú en su portal de comunicaciones.

El pleno justificó la medida por los “graves problemas de gestión” del gobierno saliente, así como por la falta de respuestas frente a la crisis de inseguridad ciudadana y acusaciones de corrupción. La votación superó ampliamente los dos tercios requeridos por la Constitución.

Tras jurar el cargo, Jerí anunció que su primera medida será una “guerra frontal contra la delincuencia”, en un mensaje que buscó enviar señales de autoridad. Sin embargo, constitucionalistas recordaron que el nuevo mandatario ejercerá un gobierno transitorio, con funciones limitadas y sin posibilidad de alterar el calendario electoral.

Reacciones y posturas

La decisión del Congreso generó reacciones inmediatas en diversos sectores. El dirigente cristiano Leo de Paz, regidor metropolitano de Lima, expresó en redes sociales que el país “escribe una nueva página” con la asunción de Jerí.

“La vacancia de Dina Boluarte se debe a su inoperancia y evidente incapacidad de gestión que tanto daño le hizo al Perú”, sostuvo. También pidió que las promesas del nuevo mandatario “no sean solo frases, sino compromisos sostenidos en el tiempo”, y concluyó con un llamado a la fe: “Que Dios guarde al Perú, que Dios guarde al nuevo presidente y respalde sus decisiones”.

Desde el ámbito evangélico, Cristian Scheelje, presidente de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP), comentó a Diario Cristiano que la jornada “fue maratónica y de amanecida”, y aunque algunas acusaciones “no encajan del todo dentro de lo que legalmente corresponde”, la “ineficiencia frente a temas muy fuertes como la seguridad ciudadana” llevó a que casi el 98% del Congreso respaldara la medida. “La popularidad de Boluarte era apenas del 3%. Ahora esperamos mayor claridad en el proceso”, agregó.

Por su parte, Eduardo Concha, ex presidente del Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP), quien dialogó a título personal con Diario Cristiano, coincidió con Scheelje en que la vacancia responde más a una pérdida de legitimidad social que a una causa jurídica concreta. “La población ya tenía una resistencia muy fuerte hacia ella”, señaló.

Implicancias legales y desafíos

La vacancia presidencial se ampara en el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, que permite al Congreso declarar la “incapacidad moral permanente” del jefe de Estado. El procedimiento está detallado en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, y requiere una votación calificada de al menos 87 congresistas.

No obstante, la figura de “incapacidad moral” ha sido objeto de amplio debate en la doctrina constitucional, por su carácter político y su falta de definición jurídica precisa. Según expertos citados por El País y La República, esta ambigüedad “convierte a la vacancia en un mecanismo de control político extremo”, con potencial de erosionar la estabilidad institucional.

Dina Boluarte podría presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando vulneración del debido proceso o exceso en las facultades del Congreso, como ya ocurrió en casos anteriores.

Un país bajo tensión

Con la salida de Boluarte, el Perú suma su octavo presidente en menos de una década, reflejo de la fragilidad de su sistema político. La transición de Jerí se produce en un clima de desconfianza ciudadana y creciente demanda de seguridad. “El pueblo exige resultados reales”, insistió Leo de Paz.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela los próximos pasos del gobierno interino. Los analistas advierten que el verdadero reto de José Jerí será reconstruir la autoridad sin vulnerar la Constitución, en un contexto en que la legalidad y la legitimidad parecen cada vez más difíciles de conciliar.

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