Un pastor evangélico fue detenido, multado y expulsado de su localidad junto con su familia tras negarse a participar en rituales religiosos ajenos a su fe durante la fiesta patronal en la comunidad de Santiago Malacatepec, en el municipio de San Juan Mazatlán Mixe, en el estado de Oaxaca, México.
El pastor Mariano Velásquez Martínez, quien ejerce su ministerio desde 2015, fue arrestado después de que autoridades y representantes comunitarios lo obligaran a asumir el cargo de mayordomo de la festividad de Santiago Apóstol, tradición vinculada a la religión católica, según informó Oaxaca El Universal.
Aunque inicialmente aceptó pagar los costos de la fiesta, Velásquez se negó a realizar actos religiosos contrarios a sus creencias, como arrodillarse y rezar ante una imagen religiosa, lo que viola sus convicciones cristianas. Su negativa provocó que fuera detenido y privado de su libertad por más de 48 horas.
Tras su liberación, Velásquez y su familia —incluida su esposa y su hija de tres meses— fueron expulsados de Santiago Malacatepec en un acto que las autoridades locales presentaron como salida voluntaria. Sin embargo, el pastor denunció que fue forzado a firmar documentos en blanco que simulan una renuncia voluntaria, cuando realmente se trató de una expulsión forzada.
Para su defensa, el abogado Porfirio Flores Zúñiga calificó el suceso como un grave episodio de intolerancia religiosa y señaló que, bajo la nueva legislación estatal contra el desplazamiento forzado interno, esta expulsión constituye un delito grave que puede conllevar penas de 10 a 18 años de prisión para los responsables.
La nueva ley, aprobada por el Congreso de Oaxaca en septiembre de 2025, reconoce los conflictos religiosos como motivo de desplazamiento forzado y contempla sanciones severas cuando estos actos son cometidos por autoridades públicas.
El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y de la libertad religiosa, especialmente en la región Mixe, donde en años anteriores se han registrado otros casos de expulsiones de familias por motivos similares.
Organizaciones civiles han exigido a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Secretaría de Gobierno que apliquen la legislación vigente para garantizar la protección integral de los derechos del pastor y su familia, así como para frenar la repetición de casos de intolerancia religiosa en comunidades indígenas.
