Bolivia dio un paso histórico en la defensa de los derechos de la niñez al aprobar una ley que prohíbe de manera absoluta el matrimonio infantil y las uniones tempranas. La norma elimina la excepción que hasta ahora permitía que adolescentes de 16 y 17 años se casaran con autorización de sus padres o de un juez.
Con esta decisión, el país se convierte en el número 14 de América Latina en cerrar por completo la puerta a esta práctica, que afecta de manera desproporcionada a las niñas. Entre 2010 y 2022 se registraron en Bolivia más de 11.000 matrimonios de adolescentes, de los cuales casi el 90% correspondió a mujeres menores de edad.
Los Embarazos Infantiles Forzados (EIF) y los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (MUITF) son dos fenómenos sociales ampliamente arraigados, y tolerados –en ocasiones promovidos y fomentados– por un Estado y una sociedad enfermiza y adultocentrista que normaliza situaciones de violencia contra niñas y adolescentes mujeres que, consecuentemente, se convierten en madres y esposas a corta edad, roles para los que no están física, psicológica ni sexualmente preparadas.
Los datos de salud también muestran la dimensión del problema: entre 2020 y 2023 hubo 8.855 embarazos en niñas menores de 15 años y más de 139.000 en adolescentes de 15 a 19, según el Sistema Nacional de Información en Salud.
La senadora aymara Virginia Velasco Condori, una de las impulsoras de la reforma, sostuvo que no se trata de costumbres, sino de violencia. “Las niñas y adolescentes tienen derecho a vivir su infancia, a estudiar y a soñar con un futuro mejor, libres de presiones y uniones forzadas”, expresó.
Organizaciones como Save The Children, la Defensoría del Pueblo, Equality Now y la Comunidad de Derechos Humanos celebraron la aprobación. La Defensoría recordó que su informe Sueños interrumpidos ya advertía sobre los daños físicos, emocionales y sociales que sufren quienes son obligados a casarse siendo menores.
Para Mónica Bayá, representante de la Comunidad de Derechos Humanos y asesora legal de Equality Now, la medida es una victoria para los derechos del menor y una “llave” que, espera, abra muchas otras puertas. “Esta es la herramienta que puede permitir ahondar en medidas preventivas”, aseguró a El País esta reconocida feminista boliviana.
“Es imprescindible hablar ahora de políticas sociales en el sector educativo que empodere a las niñas y las mantenga en el sistema educativo para que entiendan que hay más expectativas además de casarse y ser mamá”, señaló.
Aunque la ley no introduce sanciones nuevas, especialistas recuerdan que la autorización de matrimonios prohibidos puede generar responsabilidades penales. El desafío ahora será asegurar que la normativa se cumpla en todo el país, especialmente en zonas rurales donde estas uniones eran vistas como parte de la tradición.
El cambio legal no solo busca reducir cifras, sino también transformar una cultura que normalizó durante años lo que hoy se reconoce como una forma de violencia.
