Una serie de casos de abuso de alto perfil en centros de cuidado infantil australianos ha provocado una preocupación a nivel nacional, desencadenando peticiones de una reforma urgente y una supervisión más estricta en un sector descrito por expertos como cada vez más vulnerable, según un informe de la BBC.
Ben Bradshaw, padre de dos hijos en Sidney, afirma que su confianza en el sistema se ha "erosionado" tras las recientes acusaciones de abuso sexual y físico en guarderías de todo el país. "Es como las cucarachas: si ves una, hay 10 más que no ves", dijo Bradshaw a la BBC.
En las últimas semanas, se instó a más de 2.000 niños en la ciudad de Victoria a someterse a pruebas de enfermedades infecciosas después de que un trabajador fuera acusado de múltiples cargos de abuso infantil. En casos separados, un hombre de Sidney que había sido empleado por 60 centros de cuidado extraescolar, fue acusado de producir imágenes explícitas de niños; una mujer de Queensland se enfrentó a los tribunales por la presunta tortura de un niño de un año; y dos trabajadores en Sidney fueron acusados después de que un niño pequeño fuera encontrado con grandes moretones.
Los casos se producen menos de un año después de que el ex trabajador de guardería Ashley Paul Griffith fuera condenado a cadena perpetua por abusar sexualmente de casi 70 niñas, uno de los peores casos de abuso infantil en la historia de Australia.
Crecimiento rápido, Supervisión limitada
El impulso de Australia para expandir la educación en la primera infancia ha creado miles de nuevos cupos en guarderías, pero los expertos dicen que la supervisión no ha avanzado al mismo ritmo. La BBC informa que Leah Bromfield, del Centro Australiano para la Protección Infantil, señaló que el rápido crecimiento conlleva riesgos, apuntando a lagunas en la regulación, capacitación inconsistente y una fuerza laboral temporal como puntos débiles.
El gobierno federal ha respondido dándose a sí mismo el poder de cortar los fondos a los centros que infrinjan las normas de seguridad, medidas que los funcionarios dicen que tienen como objetivo mejorar la calidad, no cerrar las instalaciones. Pero padres como Bradshaw argumentan que las sanciones después de los hechos hacen poco para prevenir el abuso.
Los casos recientes han provocado discusiones sobre los roles del personal. Algunos proveedores ofrecen a los padres la opción de limitar quién realiza tareas sensibles y prometen añadir cámaras de circuito cerrado (CCTV). Sin embargo, los defensores advierten que las reglas específicas de género no son suficientes, instando a tomar medidas más amplias como eliminar los puntos ciegos, usar puertas de vidrio y garantizar que dos miembros del personal estén presentes durante el cuidado.
Muchas de las más de 400 recomendaciones de la Comisión Real de Australia de 2017 siguen sin cumplirse. Los defensores de la protección infantil quieren una base de datos nacional de trabajadores de cuidado infantil, que cubra calificaciones, historial laboral y registros disciplinarios, así como mejores verificaciones de antecedentes que incluyan quejas y advertencias, no solo condenas.
Los padres también necesitan un mejor acceso a la información al elegir proveedores, dicen los expertos, junto con orientación para detectar factores de riesgo y una capacitación más sólida para los gerentes para identificar las señales de alerta temprana.
Artículo publicado originalmente en Christian Daily International, versión en inglés de Diario Cristiano Internacional.
