En el contexto de una crisis humanitaria que avanza sin tregua y una economía al borde del colapso, la población afgana sufre violaciones extremas de derechos humanos. Entre los más afectados están las mujeres y las niñas, quienes enfrentan restricciones que parecen diseñadas para borrarlas de la vida pública, señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Bajo el régimen talibán, la represión de género ha alcanzado niveles inimaginables.
Como mujer occidental, me resulta imposible imaginar una existencia en la clandestinidad total, impuesta por el extremismo religioso. No solo se trata de ocultar el cuerpo o la voz dentro y fuera del hogar, sino de esconderse completamente para evitar la muerte. Ser mujer, bajo estas condiciones, es visto como un acto incompatible con las interpretaciones extremas del islam que prevalecen en Afganistán.
Las leyes impuestas dictan que, siempre que una mujer adulta salga de casa, debe cubrir su rostro y cuerpo por completo “para evitar inducir a los hombres al vicio”. Su vestimenta no puede ser ajustada ni delicada, y no está permitido viajar sin la compañía de un hombre, incluso dentro de límites de 72 kilómetros. Sin embargo, en la práctica, ninguna mujer puede desplazarse sola sin enfrentar obstáculos.
Hace apenas unas semanas, se estableció una nueva prohibición: las mujeres ya no pueden estudiar para convertirse en enfermeras, matronas o parteras. Según la Organización Mundial de la Salud, de cada 100,000 nacimientos registrados en 2023, 620 madres murieron. La atención primaria en los partos queda cada vez más relegada al abandono, lo que agrava las tasas de mortalidad materna en el país.
Educación: un sueño inalcanzable
Amnistía Internacional denuncia que la educación para las niñas y mujeres afganas se ha convertido en un espejismo. Las aulas, que alguna vez representaron esperanza y cambio, permanecen cerradas para ellas. Las oportunidades de participación pública y laboral se han evaporado, y las mujeres han sido relegadas a la invisibilidad bajo la “Ley de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio”. Esta normativa, adoptada en 2024, consolida políticas que eliminan por completo la presencia de las mujeres en la vida pública.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó al régimen talibán a derogar estas legislaciones, afirmando que violan las obligaciones de Afganistán según el derecho internacional. La ONU advirtió que silenciar y hacer invisible a la mitad de la población no solo perpetuará la crisis humanitaria, sino que también aislará al país del escenario internacional.
Violencia y represión generalizadas
La persecución de género, que muchas voces internacionales han calificado como un crimen de lesa humanidad, se entrelaza con una brutal represión de las minorías religiosas y étnicas. Las comunidades chiíes, sij, hindú, cristianas y otras continúan enfrentando discriminación y ataques. Por ejemplo, en julio de 2024, los talibanes disolvieron violentamente las celebraciones de Ashura en Ghazni, causando la muerte de cuatro personas, incluida una mujer y un menor de edad.
Las protestas pacíficas lideradas por mujeres son reprimidas con fuerza excesiva. Entre marzo y junio de este año, la ONU documentó 95 manifestaciones de mujeres en todo Afganistán. Muchas de ellas fueron dispersadas con armas de fuego, cañones de agua y pistolas paralizantes, como ocurrió en Kabul el 18 de julio, durante una protesta contra el cierre forzoso de salones de belleza.
Una deuda pendiente
La opresión sistemática que enfrentan las mujeres en Afganistán pone de manifiesto una realidad dolorosa: en materia de derechos humanos, el Medio Oriente sigue teniendo una deuda inmensa con las mujeres y las minorías. Las dictaduras y los regímenes extremistas continúan silenciando, castigando y privando de libertad a millones, perpetuando una injusticia que no puede ni debe ser ignorada.
